El Consejo Económico y Social de la Provincia de Alicante celebrado esta mañana en la Diputación de Alicante ha centrado el debate en el estudio presentado por las Cámaras de Comercio de Alicante, Alcoy y Orihuela sobre la ‘Situación, perspectivas y retos de la economía alicantina’.
Durante la sesión, presidida por la vicepresidenta primera, Ana Serna, el presidente de Cámara Alicante, Carlos Baño, en representación de las tres entidades camerales de la provincia, ha presentado el estudio junto a la jefa del Gabinete de Estudios y Estadística de Cámara Alicante, Mª Carmen Pastor, quien ha ofrecido los detalles de este informe elaborado con las aportaciones de las tres cámaras alicantinas.
En el mismo se pone de manifiesto, entre otras cuestiones, que la provincia de Alicante es la quinta en PIB y la cuarta en población y analiza su estructura productiva, donde el sector servicios representa el 72% del PIB -cuatro puntos por encima de la media nacional-, centrando en las actividades inmobiliarias, turísticas y comerciales, mientras que la industria se sitúa en un 11% cuando la media española se eleva al 16%. El sector de la construcción alcanza el 7%, dos puntos por encima de la media, y el primario representa solo el 1%.
El estudio, elaborado por las Cámaras de Comercio de la provincia y dirigido por Cámara Alicante, analiza cada uno de estos sectores, las perspectivas futuras y los retos a afrontar, entre ellos, el de alcanzar un modelo turístico sostenible, avanzar en la digitalización y la innovación, mejorar la accesibilidad a la vivienda, impulsar la internacionalización, aumentar el tamaño empresarial y la disponibilidad de suelo industrial y reforzar la diversificación geográfica en las exportaciones.
El segundo gran apartado del informe aborda el déficit ‘histórico’ de inversiones que sufre la provincia de Alicante, especialmente en materia de infraestructuras de transporte. En este sentido, se plantea la necesidad de impulsar actuaciones como el AVE Alicante-Valencia, la línea Alcoi-Xàtiva, el eje Alicante-Elche-Murcia, el Corredor Mediterráneo, el tren de la costa, la ampliación del aeropuerto o la estación término de Benidorm.
Los tres entes camerales ponen de manifiesto, al respecto, que el déficit acumulado en los Presupuestos Generales del Estado se sitúa en más de 4.000 millones de euros en el periodo 2008-2024 y cifran el déficit de inversión, teniendo en cuanta la aportación de la provincia al PIB, en 1.834 millones de euros.
El presidente de la Cámara de Alicante ha afirmado “Alicante no puede conformarse con ser la quinta provincia española en PIB. Queremos ser también un referente en innovación, en sostenibilidad y en bienestar social. En este camino, las Cámaras de Comercio asumimos nuestra responsabilidad. Nos corresponde aportar datos, diagnósticos y propuestas. Y lo hacemos, desde el rigor que avala nuestra experiencia, convencidos de que el futuro se construye sumando voluntades”.
Para Baño “hoy más que nunca necesitamos visión compartida. Necesitamos colaboración entre instituciones, empresas y sociedad civil. Esa colaboración público- privada que tanto reclamamos los empresarios. Y necesitamos soluciones que miren más allá del corto plazo. El reto que hoy presentamos consiste en transformar todo el potencial de nuestra provincia en oportunidades reales para las empresas y ciudadanos de todas las comarcas alicantinas. Seamos esa herramienta útil que demanda la sociedad”.
Finalmente, el estudio aborda los retos en materia de recursos hídricos y reclama el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura, impulsar la reutilización y depuración avanzada, la desalación con energías renovables y un Pacto Nacional del Agua que garantice estabilidad y evite conflictos territoriales.
Por último, Carlos Baño ha manifestado “impulsemos propuestas conjuntas y viables que aseguren el desarrollo económico de todas las comarcas de nuestra provincia, garantizando nuestro potencial y, al mismo tiempo, acelerando su crecimiento”.
Tras la presentación del informe, los distintos agentes que forman parte del Consejo Económico y Social han expuesto sus valoraciones- que deberán presentar también por escrito- con respecto al mismo, incidiendo la mayoría de los participantes en cuestiones como la regulación del turismo, el problema del acceso a la vivienda o la necesidad de tener en cuenta la perspectiva de la discapacidad y la movilidad reducida.
